Hernán R. fue despedido bajo la acusación de un delito que nunca se probó: el supuesto robo de un martillo. El fallo judicial no solo declaró improcedente el despido, sino que también reconoció el daño moral ocasionado por imputarle un delito sin fundamento.
En un caso que pone en el centro de la discusión la dignidad de un trabajador, Hernán R., empleado con más de nueve años de antigüedad de una ferretería muy importante, fue despedido por su empleador con la falsa acusación de haber cometido un robo que nunca existió. Según el telegrama de despido, el empleador acusaba a Hernán de haber vendido dos martillos pero registrado solo uno en el sistema de facturación. Esta falsa acusación se basó en evidencias no verificadas que resultaron insuficientes para justificar una medida tan drástica y públicamente difamatoria y coincidía con una previa intención de despedirlo.
En su relato, Hernán describió cómo esta situación lo afectó profundamente. “No solo perdí mi empleo, sino también mi reputación. Sentí que todo mi esfuerzo de años fue tirado por la borda por una acusación sin sentido” declaró. El impacto emocional y profesional fue enorme: el señalamiento de un supuesto delito no solo lo dejó sin ingresos sino que también empañó su nombre en un rubro donde la confianza es clave.
Durante el juicio, la empleadora intentó justificar su decisión alegando “pérdida de confianza” y presentó como pruebas declaraciones inconsistentes y un video que "llamativamente" nunca fue incorporado al expediente. Tampoco se presentó evidencia contable que respaldara el supuesto faltante. El juez determinó que estas irregularidades dejaban sin sustento la causa del despido y que la empresa no había actuado con la prudencia que el caso requería, considerando la trayectoria del trabajador.
Pero el caso no terminó ahí. El tribunal también destacó que imputar un delito a un empleado sin pruebas concretas constituye una agresión a su honor y dignidad. Este punto fue clave para otorgar una indemnización por daño moral. La resolución señaló que, además de ser una decisión arbitraria, el despido exponía al trabajador a un juicio social y profesional que podía afectar su futuro laboral.
La decisión judicial:
El juez concluyó que la empresa no solo había actuado de manera negligente, sino también irresponsable al no corroborar la información antes de acusar y despedir al empleado. Esto no solo llevó a que se ordenara el pago de las indemnizaciones laborales correspondientes al despido, sino también una suma adicional por el daño moral causado.
“Un empleador tiene el deber de actuar con prudencia y justicia en sus decisiones. No se puede jugar con el honor de una persona basándose en conjeturas” reza parte del fallo. Este caso subraya la importancia de que las empresas manejen los conflictos laborales con seriedad y respeto, evitando acusaciones infundadas que puedan dañar irreparablemente la vida de los trabajadores. También refuerza el rol crucial del sistema judicial en proteger los derechos y la dignidad de quienes se ven afectados por este tipo de situaciones. Hernán R. logró justicia, pero su historia es un recordatorio para todos de los perjuicios que puede ocasionar una acusación injusta.