El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Nacional de Argentina y diversos tratados internacionales. Sin embargo, garantizar este acceso para los sectores más vulnerables sigue siendo uno de los mayores desafíos del sistema judicial.

En muchas provincias del país, la falta de infraestructura y recursos limita la posibilidad de que las personas puedan presentar demandas o acceder a representación legal adecuada. Esto es particularmente grave en áreas rurales, donde los tribunales están a grandes distancias y los costos de transporte son prohibitivos para muchas familias.

Los defensores públicos cumplen un rol crucial para reducir esta brecha. Sin embargo, su cantidad es insuficiente para atender la creciente demanda, lo que genera retrasos significativos en la resolución de casos. Este problema se agrava en situaciones de violencia de género, donde las víctimas requieren atención inmediata y efectiva.

Por otro lado, las iniciativas de digitalización y las herramientas tecnológicas, como la creación de portales judiciales en línea, están comenzando a ofrecer alternativas más accesibles. Aunque estas herramientas tienen el potencial de democratizar el acceso, aún enfrentan el desafío de la brecha digital, que afecta especialmente a las personas mayores y las comunidades con menos recursos tecnológicos.

El acceso a la justicia no solo implica abrir las puertas de los tribunales, sino también garantizar que las personas tengan la información y el apoyo necesarios para entender y ejercer sus derechos. Campañas de concientización y programas de educación legal son fundamentales para empoderar a las comunidades.

En conclusión, abordar estas desigualdades requiere un enfoque integral que combine inversión en infraestructura, fortalecimiento del rol de los defensores públicos y una apuesta decidida por las herramientas digitales como medio para llegar a los sectores más desfavorecidos.